¿Las empresas o la Iglesia, a la SEP?

Jorge Fernández Menéndez 

 

Ayer, mi amigo Leo Zuckermann, en estas mismas páginas, se preguntaba si ahora le iban a dar la secretaría de Educación Pública a Elba Esther Gordillo. El viernes, Marinela Servitje, en representación de la asociación civil que encabeza, pedía que se rompiera la Alianza por la Calidad de la Educación con un argumento por lo menos extraño: decía Marinela que como el Estado tiene la rectoría de la educación no necesita hacer una alianza con el sindicato de maestros para realizar una reforma que garantice la calidad educativa. Algo muy similar plantea Mexicanos Primero, encabezada por Claudio X. González. El mismo día de ayer, mi también muy estimado amigo Germán Martínez, sin metáfora alguna, pedía que la Secretaría de Educación Pública fuera para el mismo Claudio X. González. En varios círculos empresariales de primerísimo nivel y en la cúpula eclesiástica se especula e impulsa esa idea.

Ayer mismo, en conferencia de prensa, presentábamos con Bibiana Belsasso el libro La élite y la raza, la privatización de la educación (Taurus), que sostiene exactamente lo contrario de lo que están planteando mis apreciados Claudio, Leo, Marinela y Germán. La idea de que el sistema educativo en México no funciona por Elba Esther Gordillo o porque existe un acuerdo con el sindicato es un error de base que no se sostiene. La idea de que como el Estado tiene la rectoría de la Educación no necesita acuerdo alguno para sacar adelante una reforma, se sostiene aún menos. Con todo respeto, esa es una suma de posiciones profundamente conservadoras que consideran que las reformas se pueden imponer sin la necesidad de llegar a acuerdos con los involucrados y por una simple decisión cupular.

Se podrá decir que no puede haber reforma educativa sin, por lo menos, desregular las relaciones del Estado con el sindicato. Es verdad, como también es necesario impulsar la libertad sindical y la transparencia, pero lo cierto es que no habrá reforma educativa sin el sindicato. No sé si alguno de los impulsores de esa idea comprende que estamos hablando de más de un millón de maestros involucrados y distribuidos en todo el país, donde el maestro suele dar clases en un aula que no cumple con los requisitos mínimos para tener una educación simplemente digna.

Hay que insistir en un punto: no habrá ninguna reforma educativa si no participan en ella, en forma organizada, los  maestros. No habrá una reforma educativa sin la participación del SNTE y sin tener claridad de que sus principales opositores, a quienes algunos prefieren no ver o incluso en ocasiones impulsan, aglutinados en la Coordinadora, con una presencia hegemónica en estados como Michoacán y Oaxaca, se oponen a cualquier posibilidad de avanzar en ella.

No habrá una reforma educativa si no se logra involucrar en ella también a los gobernadores: la educación, como el sindicato, está federalizada y las soluciones, en todos los ámbitos, deben ser globales y, al mismo tiempo, locales, específicas, porque cada entidad de la República (y cada sección sindical) tiene particularidades que deben ser atendidas. No es lo mismo San Pedro Garza García que Tapachula.

Lo cierto es que mientras la privatización hace más elitista la educación, la radicalización ideológica, al hacer girar todo el debate en torno al sindicato, llega al mismo objetivo. Es el instrumento perfecto para impulsar la escuela privada, porque estimula la pobreza, la falta de calidad, la radicalización política, la anticultura, la intolerancia, y finalmente abona a la violencia, desde la vinculada con los grupos armados hasta los del narcotráfico.

Desde otro ángulo, se podrá decir que las ideas de distribuir recursos, tipo becas, desde el gobierno, para que cada padre de familia decida en dónde quiere que estudie su hijo, es democrático y progresista. En realidad es exactamente lo contrario: evita la capilarización social y deja en manos de empresas e iglesias la educación pública. Es exactamente lo mismo que está planteando, por ejemplo, el Tea Party en Estados Unidos.

Soy un ferviente creyente en las capacidades de la iniciativa privada en prácticamente todo, pero hay espacios que deben ser del ámbito público: del Estado y de la sociedad. La educación básica debe ser pública, laica y de calidad. Y pensar que grandes empresas o empresarios, involucrados, además, directa o indirectamente en el negocio de la educación o con la cúpula eclesiástica, pueden cumplir con ese papel, es un error o una ilusión. También una apuesta política.

La privatización y la radicalización se alimentan mutuamente porque es la forma en que ambas se pueden fortalecer. Las dos fabrican excluidos y aumentan la desigualdad. La opción es la educación pública extendida, masiva y de calidad