Mazatlán, Sinaloa a 7 de septiembre del 2013
Por Carlos Luna
Ibarra
Profr. & Lic.
en Derecho
" Es
obligación del profesorado, estar bien informado "
" LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE "
Esta Ley punitiva, del garrote, del sometimiento, del aniquilamiento de los Derechos Laborales Adquiridos de los Trabajadores se aplicara a partir de julio del 20014. Representa y significa desconocer y anular la participación de los Sindicatos ( SNTE, CNTE, etc ) en lo tocante al Derecho de Propuesta Sindical en las incidencias laborales como el ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento de los trabajadores de la educación básica y media superior.
Al hacer esto, se nos deja a los Trabajadores de la Educación sin la
protección de nuestras organizaciones sindicales, pues estas cuatro materias
quedarán fuera de la injerencia de los Contratos Colectivos de Trabajo, pues ya
no concernirán al ámbito de lo laboral, sino solo al administrativo. Esto
reduce a los sindicatos al papel inocuo de meros “observadores” de un proceso
que sistemáticamente liquidará los derechos de los trabajadores (ver el Art. 30
de la Ley, por ejemplo). Los mecanismos, procesos y las resoluciones respecto
del ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento serán ahora de la
exclusiva competencia de la “Autoridad educativa”, es decir, de la SEP federal
y locales, y del ahora todopoderoso INEE.
Cabe señalar que la Junta de Gobierno de este Instituto es sugerida en
ternas por el Ejecutivo, en este caso, Enrique Peña Nieto, el representante de
los intereses de la clase rica que gobierna de facto en el país, y como tal, el
impulsor del nefasto “Pacto por México”.
Será entonces la SEP, junto con el INEE, quienes decidirán a su gusto el
destino de los trabajadores a través del establecimiento del “Servicio
Profesional Docente” que, con el pretexto de mejorar la calidad del “servicio”
educativo (olvidándose de que la educación no es un servicio sino un
“derecho”), impone un sistema de evaluación punitivo, unilateral y claramente
liquidador de los derechos conquistados por los trabajadores de la educación
durante décadas.¡¡ Si REPRUEBAS te vas!!
La Ley General del Servicio Profesional Docente LGSPD, aniquila, desaparece, deja sin efectos ignora y “deroga” las disposiciones diversas contenidas en la Legislación Burocrática, que se opongan al Decreto (Transitorio Segundo), es decir aniquila el Reglamento de Escalafón, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Pública, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado del Artículo 123 Constitucional, deja sin efectos el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo referente a los Nuevos Ingresos, Derecho de Antigüedad, de Preferencia y Ascenso , Ordenamientos Jurídicos Burocráticos en las que se encuentran aquellos derechos que estaban resguardados por la antigüedad del trabajador, condición de la que nunca se habla en esa Ley. Además, se elimina el proceso de “escalafón” y desaparece el derecho a la inamovilidad en el empleo. Se cancela también el derecho de reinstalación en el trabajo y el de indemnización con pago de salarios caídos por despido injustificado.
Pero veamos, ¿quién elaborará las evaluaciones que prácticamente decidirán sin más la permanencia en el trabajo de los maestros? El INEE, con participación de la “Autoridad Educativa” ¿Y quién calificará a los maestros? El INEE. ¿Y quién propondrá los criterios a evaluar? Lo hará finalmente el INEE. ¿Y quién decide finalmente si un trabajador se queda o no se queda sin trabajo? Ellos, también. O sea que el INEE-SEP serán juez y parte de la evaluación y se pretende que ni los trabajadores ni los sindicatos puedan hacer nada al respecto.
Como efecto de lo anterior, las decisiones que unilateralmente tomarán la SEP y el INEE están por encima de cualquier posible defensa del trabajador por la vía de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Es decir, un trabajador docente, si no cumple con el proceso de evaluación obligatorio al que se le someterá, o si no aprueba el mismo, puede ser separado del trabajo sin que pueda recurrir a la vía legal para defenderse.
¿Y dicen los “representantes del pueblo” en las cámaras de senadores y
diputados que esta Ley no es punitiva, que sólo busca mejorar la calidad del
“servicio” educativo? ¡Pues mienten!
Esta ley es punitiva, anti-obrera y una herramienta de sometimiento para
que la clase rica opresora, explotadora y violenta subyugue a los trabajadores
y debilite el movimiento sindical. Es también un paso más para la entrega de la
educación al sector privado.
Debemos tener en claro que la Reforma educativa y su Ley General del Servicio Profesional Docente son una extensión de la Reforma laboral para los trabajadores de la educación. Porque con ella desaparecen potencialmente los nombramientos de base para todos los trabajadores de la educación que ya lo tengan, pues estos serán sometidos a esas 3 evaluaciones unilaterales para ver si pueden permanecer en su puesto, sin que se considere ni la antigüedad ni la formación académica de los trabajadores.
De no aprobar las evaluaciones o de no presentarlas, serán separados del
trabajo y reasignados en su función, es decir una DEGRADACION DE CATEGORIA y en
consecuencia una DISMINUCION SALARIAL “sin responsabilidad para la autoridad
educativa […] y sin la necesidad de que exista resolución previa del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje […]”, frase que se repite a través de todo
el texto de la Ley.
Por otro lado, los trabajadores de nuevo ingreso tendrán que realizar
una evaluación para poder entrar al sistema. Si la aprueban, todavía deberán
esperar hasta tres años en un periodo de “inducción”, mientras tanto tendrán un
“nombramiento inicial” (Art. 20 y 21, por ejemplo).
Durante ese periodo serán evaluados otras tres veces más para que la
autoridad educativa decida si pueden o no permanecer en el trabajo. De poder
permanecer, tendrían el nombramiento definitivo; de no poder permanecer, serían
“separados” del trabajo en los mismos términos que los trabajadores que tenían
nombramiento de base, es decir, sin que la SEP tenga responsabilidad legal ante
sus despidos. La Ley también establece un nombramiento “provisional” y otro por
“tiempo fijo” (Art. 2, fracción X), para encubrir formas de contratación que
deterioran el trabajo al no ofrecer definitividad en el mismo ni un
nombramiento de base, con todos los derechos y beneficios que ello conlleva, y
que han sido producto de la lucha de la clase trabajadora.
Encima de todo esto, la Ley en cuestión (en su Art. 38) avala los
contratos por horas, pues a un trabajador docente que no tiene jornada completa
se le puedan asignar horas adicionales como un mecanismo de “promoción”, y
mediante un proceso llamado de “compactación”, el trabajador estará trabajando
bajo ese esquema, lo que da entrada al fraccionamiento del salario y el pago
por hora, que según se ha fijado con la reforma laboral, es de 7 pesos
aproximadamente.
La Reforma educativa, junto con esta Ley secundaria, anteponen el mérito al derecho, como si los derechos tuviera que ganárselos el trabajador y no estuvieran allí para ser refrendados en y por los hechos. Esta Ley supedita los derechos de los trabajadores a un sistema de evaluación que es coercitivo y unilateral, que aísla al trabajador ante el aparato de la patronal, dejándolo incluso imposibilitado para defenderse por la vía legal si llegara a perder el trabajo. Por otra parte, este sistema de evaluación, al imponer los mecanismos para el ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento, pretende implantar un modelo individualista que pondrá a competir a los trabajadores entre sí, ya que la situación laboral de cada trabajador –según pretenden hacernos creer con esta Ley- solamente dependería de la capacidad del trabajador para aprobar exámenes, y no de la defensa colectiva de sus derechos.
Así, cada uno es dejado solo ante el aplastante aparato de un Servicio Profesional Docente que pone en el centro la evaluación como un mecanismo encubierto de liquidación de los derechos de los trabajadores de la educación, un Servicio Profesional Docente que está al servicio de los intereses mezquinos y minoritarios de los inversionistas privados, quienes con fruición esperan poder invertir sus capitales en el “servicio” educativo para poder sacar jugosas ganancias a costa de la educación de la niñez y a juventud de nuestro país, y a costa del futuro de los trabajadores.
Miles de Trabajadores de la Educación y otras organizaciones nos oponemos firmemente a esta mal llamada “reforma educativa” y a las Leyes Secundarias como la del Servicio Profesional Docente, que la revisten de terroríficos poderes para hundir más a los trabajadores en la incertidumbre e inestabilidad laboral.
Los trabajadores de la educación hemos tenido que pelear también contra
los vituperios y mentiras, impulsados por los consorcios de comunicación al
servicio de los enemigos de nuestra clase, que señalan al Maestro combativo
como un holgazán e indolente que sencillamente no desea ser evaluado y al que
no le importa la educación. Encima de esto, exigen a gritos que la policía
reprima a los Maestros. Pero lo que los medios oficialistas no dicen es que la
CNTE realizó 10 Congresos Educativos y que sus resoluciones fueron ignoradas
por los gobiernos locales. Estos congresos tenían la finalidad de elaborar un
proyecto de reforma, esta sí propiamente “educativa”, que se planteaba como un
proyecto integral, incluyente, sensible a las necesidades regionales y acorde
con las necesidades del pueblo trabajador.
Los Maestros no rechazaban la mejora de la educación ni la evaluación de
los docentes. Pero sí rechazaban una concepción de la educación como servicio
empresarial y de la evaluación como un mecanismo de castigo y arrasamiento de
derechos del trabajador.
También se oponían rotundamente a todo intento de privatizar la
educación. Porque lo que los merolicos del gobierno agrupados en televisoras,
prensa y radio no dicen es que las intenciones de los hacedores del “Pacto por
México” y las reformas que lo acompañan, es la de reservar el derecho de la
educación a unos cuantos, porque la privatización de la educación provocará que
solo unos cuantos puedan pagarla, como ya de hecho sucede en otros países.
En un régimen económico y político como el que vivimos, donde no gobierna el pueblo trabajador ni sus intereses legítimos son representados por ningún partido político electoral, las leyes sirven para justificar la opresión y la explotación, y son impuestas mediante la bota y el tolete de las fuerzas represivas del Estado.
Ante este panorama es fundamental seguir construyendo, desde la base, un
movimiento obrero sindical clasista y combativo, capaz de agrupar y organizar a
los trabajadores para prepararlos en la lucha frontal y decidida no solamente
por la preservación de los derechos laborales, sino por el poder político.
Resulta imprescindible que los trabajadores comprendamos que mientras el
régimen económico se siga fundando en la explotación del trabajo y en la
propiedad privada que despoja al pueblo trabajador de toda la riqueza que él
produce, ni las leyes ni las instituciones tendrán la capacidad de resolver la
situación de vida que actualmente padece la clase trabajadora. Necesitamos
nuestras propias leyes y nuestras propias instituciones. Para el pueblo
trabajador es imprescindible que el poder político deje de ser un mecanismo de
dominación oligárquica –dominación que hoy pretenden vendernos como
“democracia”-.
Es por eso que necesitamos construir el poder de nuestra clase. Es importante
cuestionar a nuestros líderes sindicales, cuestiona a tu Representante
Sindical, cuestiona a los Seccionales, estarán enterados y verdaderamente
informados de los alcances y perjuicios criminales de estas Leyes Secundarias
Educativas . Por favor impriman este escrito y repártanlos en sus Centros de
Trabajo, en sus Delegaciones Sindicales, difundan la información, bájenla a sus
compañeros.
Sean felices y que tengan un excelente fin de semana.
Profr. & Lic. en Derecho Carlos Luna Ibarra. Mazatlan, Sinaloa. A 7
de Septiembre del 2013.
